Desde la semana pasada Nicaragua vive una oleada de protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega que han sido sangrientamente reprimidas por la policía y las huestes motorizadas del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hasta el momento los disturbios se han cobrado al menos 30 muertos, incluyendo un periodista alcanzado de un disparo en la cabeza

El detonante de la masiva muestra de rechazo al Gobierno sandinista ha sido una drástica reforma del sistema de seguridad social —impuesta por decreto — aprobada el 16 de abril, que establecía un recorte del 5% a las pensiones y aumentaba las contribuciones de la patronal y los trabajadores. El repudio ha sido unánime: jubilados, empresarios, trabajadores y universitarios.

Ortega trató de justificar la medida en la necesidad de rescatar el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), quebrado tras 11 años de administración desastrosa que corresponden a su segunda presidencia. La primera transcurrió entre 1985 y 1990. La prensa independiente local ha denunciado la utilización de fondos de INSS para financiar proyectos de inversión de personas ligadas al mandatario.

Subiendo la apuesta, el presidente nicaragüense ordenó a mediados de la semana pasada el despliegue del Ejército en las ciudades más importantes del país que además amanecieron vigiladas por miembros de la llamada Juventud Sandinista y seguidores del Gobierno. Escuadrones listos para amedrentar o reventar las manifestaciones contra las reformas. No es la primera vez que Ortega recurre a esta fuerza paramilitar. Ya la utilizó en 2013, cuando reprimió una protesta de ancianos que exigían el pago de una jubilación por vejez y antes lo hizo en 2008.

Además, el presidente culpó a los manifestantes de vínculos con el narcotráfico y el terrorismo internacionales con el objetivo de manchar la imagen de Nicaragua en el mundo. Al tiempo, dejaba la gestión de la crisis en manos de la vicepresidente, que es su mujer, Rosario Murillo. Finalmente, Ortega ha retirado el decreto y aceptado que su propuesta no era viable y ha creado “una situación dramática”.

Aun así, las manifestaciones han continuado. El presidente nicaragüense debe entender que el descontento popular va mucho más allá de una medida concreta. En la última década ha creado una estructura de Gobierno en la que se mezclan el Estado, su partido, su familia y su persona. Y todo financiado por ayudas de Venezuela y acuerdos con algunas familias de empresarios a cambio de contratas. Un sistema económico y político que antes o después solo podía quebrar.

Fuente: El País