La suspensión temporal del otorgamiento de permisos a empresas productoras de semillas de maíz transgénico está por cumplir dos años y ya resistió 93 impugnaciones y 22 amparos, tanto por parte de las principales trasnacionales –Monsanto, Syngenta, Dow Agrosciences, entre otras— como de dependencias federales, entre ellas la Sagarpa y Semarnat.

En fechas próximas, pero aún no definidas, la justicia entregará su decisión respecto de una posible suspensión definitiva de los permisos.

La estrategia de las empresas y del gobierno, subrayó Bernardo Bátiz en rueda de prensa y quien forma parte del equipo jurídico de la demanda colectiva, consistió en “quitar la suspensión y dejar que el juicio corriera indefinidamente, y en tanto inundar el país con su maíz transgénico”.

Desde hace dos años, la demanda colectiva interpuesta por 53 personas y 20 organizaciones civiles frustró los intentos de comercializar y sembrar semillas de maíz transgénico en más de 3 millones de hectáreas en el país, aseveró hoy el abogado René Sánchez Galindo, al añadir que si bien se felicita de las decisiones favorables que rindieron los jueces, “no le vamos a firmar un cheque en blanco al Poder Judicial”.

La demanda y la medida precautoria que suspendió los permisos se fundamentaron en el riesgo que, de autorizar la siembra y la comercialización de semillas de maíz transgénico, las decenas de especies de maíz nativo en México se encontrarían en vulnerabilidad.

De acuerdo con el director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (ANEC), las industrias productoras de transgénicos han divulgado mitos acerca de sus semillas, como respecto del aumento de los rendimientos o a la disminución del uso de agroquímicos.

“Es una falsedad”, insistió Suárez, al retomar un estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, según el cual en los últimos 15 años el rendimiento de los campos no aumentó, mientras que si bien el uso de pesticidas se redujo, él de herbicidas se incrementó ante la aparición de malezas resistentes a los agrotóxicos.

De hecho, aseveró que nuevos métodos agrícolas, basados en el conocimiento campesino y en la adaptación de las técnicas según el lugar y el tipo de cultivo –y sin emplear agrotóxicos–, tienen un potencial de rendimiento mucho mayor a la producción que promueve el modelo de la agricultura transgénica.

Las plantaciones que adoptaron este método en distintos estados de la República tienen rendimientos de hasta 8 toneladas por hectárea contra un promedio nacional de tres toneladas, y por un precio tres veces menor al precio de producción del maíz en Sinaloa, aseveró Suárez.

Y sostuvo que el maíz transgénico no puede convivir con el maíz nativo ni el modelo de agricultura transgénica con el modelo orgánico.

Sin embargo, lamentó que en México la enorme mayoría de los productores –quienes tienen explotaciones familiares– se encuentre excluida de los apoyos al campo y carezca de acceso a créditos o a la infraestructura necesaria. “Necesitamos exigir al gobierno una política integral y congruente respecto de la biodiversidad”, subrayó.

De acuerdo con Suárez, tan sólo tres empresas en el mundo poseen 90% de las patentes de semillas transgénicas, entre ellas Monsanto y Syngenta. Ambas solicitaron al gobierno el permiso de sembrar semillas de maíz transgénico en México.

El doctor Antonio Turrent, quien forma parte de los firmantes de la demanda colectiva, aseveró que aún no se cuenta con estudios que demuestren la inocuidad del consumo intenso de maíz transgénico, el elemento central en la dieta mexicana.

También recordó que, desde hace una década, una tercera parte del maíz que circula en México es transgénico, ya que está importado de Estados Unidos. “No se sabe cuánto de ese maíz ha comprado Maseca”, al subrayar que “todos comemos de sus productos”.

Por lo anterior, llamó a implementar un sistema de empaquetado “correcto” en el que aparecería si el producto conlleva transgénicos o no.

“En México hubo una iniciativa legislativa en ese sentido pero se quedó congelada”, deploró, al precisar que en el país la investigación científica patrocinada por el gobierno “complementa el aterrizaje de los transgénicos en el territorio nacional”.

“Queremos que los biotecnólogos hagan experimentaciones para que demuestren que estamos equivocados”, resaltó Argelia Arriaga, investigadora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

En el campo se abrieron desde hace años frentes de resistencia ante la llegada de los maíces transgénicos. Entre ellos se encuentra el Grupo Vicente Guerrero, en Tlaxcala, cuyos integrantes mejoran desde hace 20 años el sistema milpa, que consiste en la siembra y cosecha de maíz, frijol, habas y calabazas –entre otros— de manera alternada para preservar los suelos y mejorar la tierra.

“El maíz transgénico rompe las familias y la diversidad productiva”, resaltó Pánfilo Hernández Ortiz, integrante del grupo tlaxcalteco.

Para Miguel Concha, sacerdote y fundador del centro de derechos humanos Fray Vitoria, el tema del maíz transgénico trasciende el ámbito técnico y social, ya que alcanza una dimensión ética, pues implica la concentración de tierras agrícolas en manos de unos cuantos grandes productores y el desplazamiento de los campesinos de sus tierras.

El sacerdote retomó el Laudato si que pronunció el papa Francisco en mayo pasado, en donde el líder pontificio se alarmó ante las afectaciones del hombre contra la “casa común” que es el planeta Tierra.

Y denunció al modelo oligopólico que promueve la industria de los granos transgénicos, el cual se agrava en el caso de la comercialización de granos estériles –cuyas plantas no se pueden reproducir— que obligan a los campesinos a comprarlos a las transnacionales.

“Se necesita abrir espacios con información fidedigna”, urgió Concha, al subrayar que la política mexicana en materia de transgénico se lleva a cabo en “función de intereses que no son de la mayoría de los mexicanos”.

Gracias a Proceso, de ahí tomamos prestada/robada esta información.