Enrique Peña Nieto decidió subirse esta tarde al filo de la navaja y echar a andar. En una reunión de alto voltaje, el presidente se sometió durante casi tres horas a un cara a cara con los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. De esta inmersión en las simas del dolor emergió un ofrecimiento, quizá insuficiente para salvar la glacial desconfianza de las familias, pero que, en una atmósfera extremadamente volátil, le otorga al presidente un respiro mínimo. “Busquemos juntos la verdad, estamos del mismo lado. No habrá carpetazo, el caso sigue abierto”, les dijo.

El ofrecimiento, completado con la orden de abrir la investigación a “todos los hallazgos y posibles responsables”, puede ser visto como una cesión e incluso como un varapalo a la anterior gestión de la Procuraduría General, que en enero dio por cerrado el asunto. Pero ante todo muestra la necesidad del Gobierno de desactivar su mayor fuente de erosión política.

A lo largo de un año, el explosivo caso no ha dejado de escaparse del control del Ejecutivo. A cada paso adelante, le ha seguido una estruendosa marcha atrás. Después de la petición presidencial de pasar página, llegó una históricaoleada de protestas. A la “verdad histórica” ofrecida por la Procuraduría General, se le vino encima el informe delcomité de expertos de la OEA que pone en duda la versión oficial. A la catarata de detenciones y confesiones vinculadas a la matanza, le acompañó un vertiginoso crecimiento de las teorías de la conspiración. En este continuo vaivén, se ha debilitado la confianza del país en sus instituciones, hasta el punto de que las encuestas muestran que una mayoría no cree el relato oficial.

Es en este escenario en el que Peña Nieto ha intentado bajarse de la cuerda floja. Para ello, la reunión con los familiares fue preparada con esmero. El presidente ordenó apaciguar los frentes abiertos y evitar cualquier choque. Ni siquiera el corrosivo informe del grupo de expertos de la OEA torció el rumbo. Frente a las críticas, el Gobierno abrió nuevas líneas de investigación, ofreció su mano y hoy, llegada la hora de la verdad, mostró su proximidad con las familias y el deseo de compartir su carga. “Ningún padre ni madre ni hijo ni hermano debe sufrir lo que ustedes han sufrido” les dijo.

En esta línea conciliadora, Peña Nieto incluyó la promesa de revisar las ocho exigencias presentadas por padres, entre ellas, la más espinosa: que la investigación quede bajo supervisión internacional. Un punto que el Gobierno, pese a las buenas palabras, difícilmente aceptará.

La negativa puede quebrar el intento de sintonía protagonizado por Peña Nieto. En caso de fracaso, el horizonte se atisba oscuro. En Guerrero, los enfrentamientos entre estudiantes normalistas y policías no han dejado de multiplicarse, y para este fin de semana se prevén protestas masivas en la capital.

La vieja sombra de la impunidad

Un año después de la matanza aún no ha amanecido en Ayotzinapa. El abismo que se abrió la noche del 26 al 27 de septiembre mantiene atrapados a los padres de los desaparecidos. Hundidos en el dolor, rechazan las explicaciones oficiales y aún esperan, o eso proclaman, la vuelta de sus hijos. Para ellos, ni hubo ni muerte ni hoguera; para ellos sólo hay vacío. Una ausencia que les ha convertido en un símbolo universal de un México doliente, pero también en una bomba política.

De poco han servido las confesiones de los sicarios o las identificaciones genéticas de restos de normalistas, ni siquiera la caída del procurador general, Jesús Murillo Karam, muñidor de la investigación, o la apertura del sumario completo a observadores internacionales han disminuido su desconfianza. Los familiares están convencidos de que en la desaparición de sus vástagos intervino mucho más que el brazo del narco. Ellos, aunque sin pruebas, apuntan a la maquinaria estatal.

La acusación bebe de fuentes oscuras. Guerrero sufrió en los años setenta y ochenta una devastadora guerra sucia. Cientos de insurgentes desaparecieron a manos de militares y policías. Hubo vuelos de la muerte y centros de tortura. Pero ningún responsable de aquella barbarie se sentó en el banquillo. Esta impunidad, denunciadas por organismo de la ONU, ha levantado sospechas que nunca se han disipado. Sobre todo, entre los muros de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el gran semillero de la guerrilla, y fragua de su principal líder, Lucio Cabañas. Allí, como en un túnel del tiempo, florece la fe marxista y también la aversión a todo lo relacionado con el Estado.

Gracias a EL PAÍS, de ahí tomamos prestada/robada esta información.