El recorte de sueldos y prestaciones que pondrá en marcha el próximo gobierno permitirá ahorrar millones de pesos que se destinarán al financiamiento de programas sociales, no obstante aún quedan algunas interrogantes sobre la aplicación de esta política.

Andrés Manuel López Obrador comienza a mover sus fichas. La jugada clave hasta ahora fue el anuncio de los 50 lineamientos del plan anticorrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana con la cual busca generar ahorros para impulsar el desarrollo del país.

Fiel a su promesa de campaña, el político tabasqueño comenzó a “barrer de arriba para abajo”. Para poner el ejemplo anunció que su salario como presidente será menos de la mitad de lo que percibe el actual jefe del Ejecutivo.

López Obrador ganará 108 mil pesos mensuales de los 270 mil que recibe el presidente Enrique Peña Nieto, es decir que el morenista ganará sólo 40 del sueldo establecido, de acuerdo con cifras difundidas por su equipo de transición.

AMLO prometió que esta transformación será “radical, pero pacífica” y para garantizar un piso parejo de salarios enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional, con el objetivo de que ningún funcionario gane más que él al convertirse en presidente.

La medida también contempla un recorte del 70 por ciento en el personal de confianza, eliminar los bonos para los empleados, limitar las cuentas de gastos y comprar vehículos usados en lugar de nuevos.

Además, se reducirán a la mitad todos los sueldos de altos funcionarios públicos que ganen más de un millón de pesos anuales, nadie podrá utilizar aviones y helicópteros privados, y se cerrará la llave en 50 por ciento al gasto de publicidad oficial.

El plan de austeridad fue bien recibido por diversos especialistas y sectores de la población, aunque aún existen dudas sobre cómo se implementará y cuáles fueron los criterios para sustentarlo, pues la hoja de ruta de los 50 puntos sólo expone los qué, pero no los cómo.