Más de la mitad de los mandatarios estatales no sólo tendrán que lidiar con un poder ejecutivo y legislativo distinto al de sus partidos, sino que también se enfrentarán a congresos locales con una mayoría de oposición, lo que les reducirá ampliamente su margen de maniobra.

Los mandatarios estatales enfrentarán un escenario adverso para gobernar en sus entidades.

El cambio en los equilibrios de poder político derivado de las últimas elecciones los obliga a vivir una situación sin precedente y reduce ampliamente su margen de maniobra.

Entre los actores políticos, quizá sea el círculo de los gobernadores quienes tendrán que afrontar el mayor desafío en los meses y años por venir.

Incluso, aún sin perder directamente una elección, muchos de los mandatarios en funciones son quienes han cosechado el resultado más adverso en el recién concluido proceso electoral.

La mayoría de los gobernadores tendrán que hacer frente a un titular del Ejecutivo federal que no es de su partido y que además cuenta con mayoría en el Legislativo federal. A todo ello se suma el nombramiento por parte del próximo Gobierno Federal de 32 coordinadores, uno por cada entidad, que será el vínculo directo de la Presidencia en cada estado.

Sin embargo, quizá la mayor adversidad a la que tendrán que enfrentarse en esta dinámica algunos de los mandatarios, será la convivencia con un congreso local contrario.

El hecho de que un gobernador en funciones contara con mayoría en sus congresos era la regla, pero hoy está más cerca de ser la excepción.

Salvo algunos casos puntuales como Guanajuato, Coahuila o Nayarit (y en aquellos donde la coalición de Morena se alzó con el triunfo), en el resto de las entidades, los titulares del Ejecutivo local deberán aprender a convivir con un congreso local muy probablemente hostil, y en algunos casos, con mayoría de alcaldes que tampoco son de su partido o grupo político.

Con esta nueva realidad, los mandatarios perderán gran parte de su control no sólo político, sino también en materia de presupuesto, de aprobación de leyes y de proyectos para el estado.

Ahora los dirigentes de las entidades podrían ser sometidos a una verdadera rendición de cuentas en sus propios estados, algo que hasta hace poco se antojaba imposible. Hablar de una situación compleja para los gobernadores en los próximos años es quedarse corto.

En este momento, los mandatarios en funciones, al menos la mayoría de ellos, están desconcertados. La zona de confort en la que se movían prácticamente ha desaparecido.

Además de tener que enfrentar su nueva realidad, tanto en la relación con el Ejecutivo y el Legislativo Federales como con los congresos locales en sus estados, de forma paralela tendrán que buscar un nuevo vínculo de entendimiento con la ciudadanía y la sociedad civil.

Algunos ya están en la segunda mitad de su mandato, otros apenas inician o están por iniciar; pero algo que quedó demostrado en los comicios es que el electorado castiga a sus gobernantes, por lo que tendrían que dar una respuesta adecuada a las exigencias de sus gobernados. El mensaje es claro: se tienen que cambiar las formas de hacer política.

“Tienen un reto, tres años por delante para enfrentar esta situación, para revertirla, porque evidentemente desde su perspectiva me imagino que no deben de sentirse cómodos con lo sucedido y menos se van a sentir cómodos cuando empiece a funcionar esta nueva forma de relacionarse”, advierte Orlando Michel, Director de la Consultoría PPAL.

Sin duda, quienes fueron considerados como ‘virreyes’ y que muchas veces tomaron sus estados como feudo personal perderán el control político que habían tenido y perderán la red de protección que por décadas les había proporcionado el gobierno federal. Es hora de que asuman el nuevo panorama político.

La transición democrática y la pluralidad en el poder abrieron la puerta a una mayor autonomía en los estados, pero en consecuencia, los gobernadores ejercieron un poder prácticamente sin contrapesos y un estilo autoritario para gobernar, todo ello no exento de múltiples denuncias de opaco manejo de recursos públicos.

“Durante los últimos 20 años los gobernadores han ejercido un poder cada vez mas caciquil en sus estados, sobre todo en cuanto a estilos autoritarios de gobernar y desvío de fondos. Este es un problema tanto cultural -que data desde los años 20 y 30- como institucional”, señala el académico del CIDE Andrew Paxman.